Los conflictos están a la orden del día, basta recordar casos emblemáticos la disputa entre Agrosuper y la comunidad de Freirina por una planta procesadora de cerdos o la crisis de Puchuncaví por las emanaciones tóxicas de algunas empresas de la zona.
El Centro de Mediación Ambiental creado por la ingeniera ambiental y mediadora de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, Sabina Alarcón es una empresa social, financiada en un 75% por el fondo Prototipo de Innovación Social línea 1 de Corfo, que apoya proyectos a nivel local que luego se pueden escalar a nivel nacional, y por financiamiento privado. Como empresa, les presta servicio a diferentes actores, como municipios, gobiernos regionales o empresas privadas.
Básicamente, el centro tiene cuatro funciones: educar y capacitar en la resolución colaborativa de conflictos; planificar estrategias territoriales; hacer seguimiento, estudiar conflictos, generar estadísticas y crear y mantener el registro de mediadores, así como su certificación. “Lo que buscamos es desarrollar un modelo de mediación y facilitación colaborativa de conflictos socioambientales en el que se potencien los aspectos positivos del conflicto. Buscamos fortalecer las relaciones entre las partes y generar las condiciones para una mejor interacción a largo plazo”, explica Alarcón.
En Chile, no existen instituciones que se dediquen a la resolución de este tipo de conflictos con un enfoque sistémico y una mirada multisectorial. “Este proyecto es un gran aporte porque nuestro sistema de certificación ambiental municipal aborda el tema de los conflictos, pero obviamente no cubre todo y esta iniciativa ayudará en estos temas que son complejos , donde se requiere una estrategia, una articulación y un trabajo previo de mediano y largo plazo”, explica el jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio del Medio Ambiente, Carlos Rungruangsakorn Leiva.
Institucionalmente, el centro se articula con las diferentes instancias públicas que participan en un conflicto, tales como municipios, intendencias, seremis, empresas privadas, organizaciones comunitarias, entre otras. En cuanto a los tribunales ambientales, opera como una instancia previa, rol que será potenciado cuando se apruebe la nueva ley de mediación que fue presentada por el Gobierno, la que busca descongestionar dichos tribunales.
La empresa usa una plataforma de gestión de información geográfica, social, económica y de diverso tipo, como un catastro de los pasivos y activos ambientales, datos demográficos, etc. “La plataforma permite analizar los datos para tomar decisiones. Nosotros la colocamos a disposición de los municipios para que puedan gestionar y planificar su territorio”, explica la ingeniera detrás del proyecto.
La primera experiencia del centro es la que el equipo dirigido por Alarcón está realizando actualmente con el municipio de Mostazal. “Estamos trabajando la mediación en el territorio, para recuperar las relaciones con la comunidad en temas ambientales. En el verano trabajamos con la comunidad y ahora comenzamos un proceso de aprendizaje social para transformar las relaciones y mostrar que un conflicto no es malo, sino que es una oportunidad de transformar las relaciones y cambiar los paradigmas”, explica Alarcón.
