Por Patricio Dueñas, CEO y fundador de amiPASS
Las licitaciones públicas incorporan cada vez más mecanismos destinados a resguardar la transparencia, la probidad y la libre competencia. Pactos de integridad, declaraciones juradas y cláusulas de cumplimiento forman parte de procesos en los que el Estado busca establecer estándares claros para las empresas que aspiran a administrar recursos públicos.
El problema aparece cuando, esos compromisos, quedan únicamente en el papel. El requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Pluxee y Edenred por una presunta colusión vuelve a abrir esta discusión. Si bien serán los tribunales los encargados de determinar los hechos y establecer eventuales responsabilidades, el caso también obliga a observar qué ocurre con los contratos públicos que mantienen las compañías involucradas.
Un ejemplo es la licitación de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), administrada por Junaeb. En ese proceso, Pluxee y Edenred fueron adjudicadas para operar un beneficio financiado con recursos públicos y destinado a miles de estudiantes. Ambas empresas suscribieron, además, un Pacto de Integridad en el que asumieron compromisos expresos relacionados con la transparencia y el respeto a la libre competencia.
Las propias bases contemplan consecuencias frente a un eventual incumplimiento de esas obligaciones. Por eso, resulta legítimo preguntarse si Junaeb ha revisado los antecedentes conocidos y evaluado las herramientas que el mismo proceso de licitación puso a su disposición.
No se trata de anticipar un juicio ni de desconocer la presunción de inocencia. Se trata de que las instituciones públicas demuestren que los compromisos exigidos a sus proveedores tienen una aplicación concreta y no constituyen una mera formalidad para completar una licitación.
Esta discusión cobra todavía más relevancia en un mercado que durante años ha estado concentrado en un número reducido de participantes. Cuando existen pocas empresas en condiciones de competir por contratos públicos de gran escala, el resguardo de la libre competencia debe ser especialmente riguroso. También se vuelve necesario revisar si las condiciones de acceso permiten que nuevos actores puedan disputar esos espacios en igualdad de oportunidades.
Promover la competencia no consiste únicamente en establecer buenas reglas. También requiere instituciones capaces de aplicarlas de manera consistente cuando surgen antecedentes que justifican una revisión. De lo contrario, los pactos de integridad y las cláusulas de cumplimiento corren el riesgo de transformarse en declaraciones sin efectos reales.
La certeza de que las reglas serán respetadas y aplicadas genera confianza, reduce la incertidumbre para quienes buscan ingresar a un mercado e incentiva a más empresas a competir. Eso permite mejorar los servicios, impulsar la innovación y entregar mejores condiciones tanto para el Estado como para las personas que reciben estos beneficios.
El caso de Pluxee y Edenred todavía debe ser resuelto por la institucionalidad correspondiente. Pero eso no impide que los organismos públicos revisen sus propios procedimientos y determinen si los mecanismos contemplados en sus contratos están cumpliendo el propósito para el cual fueron creados.
Porque las reglas son fundamentales para proteger la libre competencia, pero sólo adquieren verdadero valor cuando existe la voluntad de hacerlas cumplir.
